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El Informe de la UNESCO publicado por la Fundación SM llega a la Universidad de La Laguna
La Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna ha acogido del informe de la Unesco ‘Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación’, que se publica cada cuarto de siglo.
El informe ha contado con la participación de casi un millón de personas, a través de una gran conversación mundial, con especialistas de 45 países. Frente a los grandes retos de la humanidad, la educación debe responder a los principales desafíos, señala el documento. El texto ofrece prospectiva, no cifras concretas, sobre cinco ejes de transformación para el futuro: pedadogía, escuela, currículo, equipos docentes y hábitat digital. Para cada uno de estos ejes se abordan una serie de recomendaciones.
El director de programas de la Fundación SM, José María González Ochoa, fue el encargado de presentar el documento al alumnado, acompañado de la vicerrectora de Estudiantes, Rosario Hernández, y del director general de Universidades del Gobierno de Canarias, Jafeth Alonso. La iniciativa ha tenido lugar por invitación de la profesora de la Facultad de Educación Itahísa Pérez.
González explicó que la educación ha de transformarse hacia modelos pedagógicos más flexibles e interdisciplinares, poniendo a la escuela y al profesorado como elementos clave del sistema. También abundó en la idea de que las tecnologías educativas han de ser una herramienta de apoyo para lograr una educación más equitativa, una cuestión que se está viendo seriamente discutida dado que en estos momentos su uso está procurando mayor brecha y desigualdad entre países.
La Fundación SM ha publicado el informe en español y portugués. Actualmente se está difundiendo entre todas las facultades españolas donde se forman los educadores y educadoras del futuro. Igualmente se ha trasladado a todas las administraciones implicadas en la educación, entendida como un bien común y un derecho que ha de ser garantizado y protegido.
El informe aboga por que la educación sea concebida como un contrato social en que todas las instancias públicas están implicadas. Ya no se concibe como un derecho desde los 4 a los 16 años, sino como un derecho que se ejerce y se demanda a lo largo de la vida. “El hecho de que no sea concebido por un tiempo específico supone un cambio muy sustancial”, explicó. Se trata pues de un concepto muy transformador, impuesto por la rapidez de los avances científicos y tecnológicos, que demandan que el proceso de aprendizaje sea continuo e imparable.